Cada vez con más frecuencia, podemos leer y escuchar comentarios en los que se hace ver que los derechos humanos y la función de seguridad del Estado están desasociados. Pareciera que los derechos humanos, son una traba o un estorbo para que los agentes de seguridad pública cumplan con sus funciones y que no les permiten «hacer lo que tienen que hacer».
Opiniones y argumentos para explicar y exponer lo anterior los podemos encontrar en diversos grupos de WhatsApp y de Facebook en los que se defiende la actuación tanto de policías como de militares, sobre todo, en casos en los que a consideración de la opinión pública, la actuación no fue suficiente o fue más que necesaria, porque los que asesinan deben morir, porque los que delinquen no merecen un buen trato.
En mi experiencia profesional, uno de los temas más difíciles de abordar con los agentes de seguridad pública, es justamente, la obligación que estos tienen de proteger los derechos fundamentales de las personas en el ejercicio de sus funciones. Muchas veces, expresar que la tortura es una práctica que atenta contra la dignidad de las personas y sus derechos al debido proceso, expresiones como «no hay otra forma de obtener información», «esa persona mató y violó personas y Usted me está diciendo que tengo que tratarlo bien» o «derechos humanos para los humanos derechos», entre otras muchas otras frases, se hacen presentes y pueden llegar a sacar algunas canas verdes.
Cuando se habla del Uso de la Fuerza como facultad y los derechos humanos, el debate se hace cada vez más álgido sobre todo en contextos de seguridad donde la perspectiva está demasiado militarizada y se tiene la idea errónea, de que ante el contexto de emergencia en el que nos encontramos, todo aquello que la fuerza pública considere necesario de hacer para «combatir» o «contrarrestar» las amenazas en cuestión, es valido.Por lo anterior, es importante entender qué son los derechos humanos y que representa su garantía y respeto, sobre todo, en estos momentos tan complejos de la vida pública en el país.
Una definición simple y común de derechos humanos es que son derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de serlo (ver definición del Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ). Sin embargo, esta simple definición deja de lado una parte importante de los derecho humanos que es el rol de los gobiernos, ya que desde sus antecedentes, los derechos humanos surgen como esas garantías ganadas por la ciudadanía para evitar abusos de la autoridad (para ver un poco de la historia de los derechos humanos da click aquí).
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel internacional y otros instrumentos similares a nivel regional, se reconocen una serie de derechos que todas las personas tenemos y en los que los gobiernos, juegan un papel fundamental respecto a protegerlos y promoverlos. Entre estos derechos están: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona; el derecho a no ser sujetos de tortura o esclavitud; el derecho a no ser detenidos arbitrariamente; la libertad de pensamiento, el derecho a elegir a nuestros gobernantes; a la educación, al descanso, entre otros tantos.
Es responsabilidad de todas las personas conocer cuáles son nuestros derechos, de otra forma, será difícil concebir que estos implican también limitaciones en nuestro actuar, siempre que este ponga en peligro el goce de los derechos de otras personas en nuestra misma comunidad.
El poder con el que se dota a los gobiernos para que garanticen la seguridad y mantengan la estabilidad social dentro de un territorio determinado tiene sus límites en los derechos humanos. No por nada, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando el discurso de que las personas tenemos derechos ante nuestros gobiernos toma más fuerza que nunca, pues en ese conflicto no solo se cometieron graves y terribles crímenes de guerra, sino que también, algunos gobiernos, emprendieron acciones en detrimento de la vida y la dignidad de sus ciudadanos.
Los derechos humanos, deberían ser un recordatorio de todo aquello que no queremos que vuelva a ocurrir, y que lamentablemente sigue ocurriendo. Desapariciones de personas por parte de los agentes de seguridad del Estado, personas que fallecen o no viven dignamente por falta de atención médica oportuna o por negligencias cometidas por servidores públicos, discriminación promovida por el propio gobierno, entre otras acciones.
Pero en Mexico, el discurso púbico de los derechos humanos se ha enfocado en gran parte, en los derechos que son violentados por los agentes de seguridad pública y no en todos los derechos y en todas las responsabilidad que conllevan para el gobierno. Sin embargo, esto se entiende debido a que, al ser los agentes de seguridad pública la primer cara del gobierno ante la ciudadanía, y al tener una serie de responsabilidad íntimamente relacionadas con el derecho a la vida y a la dignidad de las personas, los abusos se hacen más evidentes, y las exigencias más recurrentes.
Los derechos humanos, no defienden delincuentes, sino que buscan garantizar que la autoridad tenga una actuación profesional y apegada a derecho que mantenga su legitimidad y permita preservar la vida y la dignidad de las personas, incluso en las circunstancias mas complejas. Los derechos humanos, no se olvidan de los policías y los militares, toda ves que estos, como personas, tienen los mismo derechos que todos (para mas detalles dar click aquí) . Sin embargo, en su calidad de agentes encargados de hacer cumplir la ley, tienen la responsabilidad de proteger no sólo sus derechos, sino los de la ciudadanía en general.
También, existe una grave confusión entre los derechos humanos, como derechos, y las instituciones encargadas de promover su protección, como las Comisiones de Derechos Humanos. Los derechos humanos no son una institución, son las garantías que debemos exigir al gobierno para vivir libres, en paz y con dignidad y las instituciones son un medio para hacerlo.
No dudo que el debate sobre los derechos humanos en las actividades de seguridad pública se haga cada vez más complejo, sobre todo cuando se conoce muy poco sobre el origen y beneficios de los derechos humanos en nuestra sociedad; sobre todo cuando las instituciones encargadas de protegerlos, en este caso las de seguridad, pero también las de salud, justicia, encargadas de las finanzas, entre otras, no trabajan bajo una cultura de derechos humanos. Estamos muy lejos del lugar en el que deberíamos estar después de tantos años y tantas atrocidades, pero por eso siempre es bueno recordar de dónde venimos y pensar con claridad hacia donde queremos ir.
Un país en el que las autoridades hagan su voluntad sin controles y sin límites, como lo vimos en 1968, en 1970, en 1994 y 1995, como lo han vivido muchas personas al llegar al IMSS o ISSSTE y ser víctimas de negligencia médica; como lo han vivido miles de personas que no han tenido un juicio conforme a la ley, como lo viven día a día las miles de madres de personas desaparecidas, como lo viven las niñas y niños que no tienen acceso a una educación de calidad, y como lo viven, y hay que decirlo, nuestros agentes de seguridad pública trabajando jornadas agotadoras, en condiciones indignas, es definitivamente, un país en el que no queremos vivir.
Invito a cambiar un poco la perspectiva y reflexionar sobre lo que hemos ganado como sociedad gracias al reconocimiento de nuestros derechos humanos, antes de culparles como si fueran personas o criticarlos como si tuvieran como objetivo perjuicios sobre beneficios. A no verlos como un obstáculo, sino como una herramienta para el desempeño de las funciones de los agentes gubernamentales en todos los ámbitos, bajo los más altos estándares de profesionalismo. Si ya lo que se quiere, es hablar de la actuación de las instituciones que los promueven y defienden, esa es otra historia.
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