Seguridad ciudadana en tiempos de pandemia.

Fuente: BBC Mundo (Santiago de Chile)

Actualmente, el mundo se encuentra ante uno de los retos más importantes de los últimos años, que conjuga tanto aspectos de salud pública, de economía y finanzas, y por supuesto, de seguridad, siendo el Estado, como ente político administrativo, el encargado de garantizar que estos elementos no se conviertan en riesgos potenciales para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, entre los cuales están, el derecho a la vida, a la dignidad personas, a la salud y a la integridad personal.

En muchos Estados en donde se han detectado ya casos de COVID19 en su población, y atendiendo a la evidencia que se ha generado desde la Organización Mundial de la Salud, han decidido restringir ciertas libertades a sus ciudadanos, con la finalidad de garantizar su derecho a la salud y protegerles de los riesgos que el nuevo coronavirus representa, no sólo para las personas a nivel individual, sino también, para las comunidades y la salud pública.

Para hacer efectivas estas medidas, en varios casos como en la India, Rusia, Italia, Chile, El Salvador y Perú, han decidido emplear a la fuerza pública para hacer respetar las medidas restrictivas en la población, atendiendo al llamado de un «estado de emergencia». En México, durante la conferencia para informar sobre el desarrollo del COVID19 en el país del pasado 28 de marzo, el subsecretario de salud, Hugo Lopez-Gatell, mencionó que, si bien no es el escenario ideal, se contempla el uso de las fuerzas de seguridad para vigilar que las personas se queden en casa, y con ello, lograr aplanar la famosa curva de contagio.

¿Qué significa esto en términos de seguridad ciudadana?

Parece ser que, en estos escenarios, es en donde las grandes diferencias entre los paradigmas de seguridad pública y seguridad ciudadana se hacen valer ya que, si bien ninguno de los dos paradigmas reniega u omite la participación de la fuerza pública para  mantener y proteger los derechos fundamentales de las personas, la diferencia entre uno y otro radica en la participación que debería tener la ciudadanía en la consecución de objetivos en materia de seguridad.

El hecho de que, más allá de las millones de personas en el mundo que no pueden quedarse en sus casas por necesidades básicas fundamentales, existe un sector poblacional que tiene las posibilidades de hacerlo, y que, al no cumplir con estas medidas, obliga a que la fuerza pública actúe ejerciendo las facultades de uso de la fuerza y de detención, lo cual, ponen en riesgo tanto a las y los agentes de seguridad, como a la propia población, dado que las medidas no terminan llevando a las personas a sus casas, sino a un centro de detención en el que pudieran estar confinadas con un gran número de personas por más de dos horas.

En México, y otros países, ya se han dado casos de saqueos a establecimientos comerciales que, nuevamente, obligan a que la fuerza pública tenga una intervención tanto para disuadir estos actos, como para contenerlos. También se ha leído en redes sociales que las personas continuan haciendo fiestas, reuniones y demás eventos sociales con la participación de más de 10 personas en espacios reducidos y sin cumplir las medidas de sana distancia.

Todo lo anterior, debería poner en el centro de la discusión el rol que como ciudadanos tenemos en la construcción y mantenimiento de entornos seguros fuera del paraguas del crimen y la violencia. Desde la seguridad ciudadana, la participación de las personas ajenas a la fuerza pública o al sector gubernamental, tendría que estar encaminada no sólo en acatar las medidas gubernamentales generales, sino en entender el impacto de nuestras acciones individuales ante un factor de riesgo que es invisible.

Leer en diversas redes sociales que las personas insisten en que con base en el uso de la fuerza pública se obligue a la ciudadanía a permanecer en sus casas y a tomar las medidas de higiene necesarias, es un síntoma del arraigo que se tiene ante los paradigmas de seguridad punitivos y lo poco familiarizados que estamos con los paradigmas que nos invitan a tener una corresponsabilidad con las políticas públicas que buscan mantener nuestros derechos fundamentales como personas.

Lo anterior, también significa que se prefiere asumir los riesgos a la salud publica que se viven actualmente como un tema de seguridad nacional antes que como un asunto de seguridad humana. Si bien ambos paradigmas están relacionados, el primero tienen que ver más con lograr el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones, mientras el segundo tiene que ver con la libertad de las personas a vivir sin miedo, sin miseria y en dignidad.  Dentro de los ejes de la seguridad humana se encuentran, tanto la seguridad a la salud, por ejemplo, que no haya riesgos de pandemias como la que se vive actualmente, y la seguridad personal, que tiene que ver con la libertad de vivir en entornos sin crimen y violencia, en donde el centro son las personas, no los entes político administrativos como los Estados, ni sus instituciones.

Resulta importante reflexionar sobre los paradigmas mediante los cuales, la mayoría de la población, no solo en México sino en América Latina y el mundo, se esta analizando y respondiendo a la situación actual. Si bien jurídicamente, se han decretado estados de excepción en diversos países, y eso mismo podría suceder en México, habría que analizar también los costos no sólo políticos sino en materia de derechos humanos, que estas medidas tendrían al mediano y largo plazo.

Pensar desde la seguridad ciudadana o desde la seguridad humana, podría traer a la mesa medidas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan dar los pasos necesarios para transitar de un paradigma estatocéntrico, a un paradigma que ponga siempre en el centro a las personas, bien dicen que los tiempos de crisis son grandes oportunidades de desarrollo.

Un paso primer paso interesante, sería dejar de pensar en acciones para «combatir» o «enfrentar» lo que sea que nos esté afectando como sociedad, y utilizar otros verbos, que condicionen menos nuestras preferencias o, en caso de política pública, las decisiones que se tomen ante asuntos de gran trascendencia.