Del dicho al hecho…

El 21 de mayo de 2021, durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Marina, Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán, durante su intervención sobre el trabajo de la institución a su cargo en el control que han asumido en las aduanas y puertos del país, realizó la siguiente afirmación

«…Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención…»

Entre los grupos en redes sociales de militares, e incluso policías, la frase «parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial» fue tomada como eso que «se tenía que decir, y se dijo», atendiendo a una realidad concreta en el actuar de las y los agentes de seguridad en tanto las detenciones de personas supuestamente vinculadas con actividades de crimen organizado: que las famosas puestas a disposición no procedan ante la autoridad competente.

En acercamientos con personal militar y personal policial de México, una de las principales quejas a la hora de hablar de la importancia de la aplicación de los derechos humanos en las detenciones es que consideran que por más esfuerzos que hagan para realizar correctamente su trabajo, el siguiente escalón, el del poder judicial, termina por dejar libres a «los delincuentes» ya sea porque encuentran siempre «el frijol en el arroz» o porque están corrompidos por los grupos criminales.

Sin embargo, este no es el único factor que evita que las detenciones de personal militar lleguen a lo que sería un buen término, pues las faltas en los procedimientos de la detención y las violaciones graves a derechos humanos que llegan a cometerse también son una razón para que las autoridades judiciales, no puedan dar continuidad al proceso.

Considerar que «el enemigo» es el poder encargado de verificar que se cumpla con lo establecido en la Ley es cosa seria, sobre todo cuando existe evidencia de la comisión de violaciones graves a derechos humanos por parte del personal naval, como ejemplifica el reciente caso en el que la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó orden de aprehensión para 30 agentes de la Armada de México por la posible comisión del delito de desaparición forzada.

En la forma, las declaraciones del Alto Mando de la Armada de México, debidamente uniformado como militar, a lado del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas – quien por cierto, no se inmutó en lo más mínimo ante tal afirmación – resultan graves al seguir reforzando el discurso militarizado en materia de seguridad en el país, que es el fondo. Aunque algunos no lo quieran aceptar, este gobierno, como los anteriores, ha privilegiado la estrategia militarizada para atender problemas de seguridad asumiendo que los problemas son amenazas y enemigos contra los que se tiene que luchar y combatir hasta vencer.

En un país en el que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, sólo se denuncian el 11% de los delitos que se cometen y de estos solo se inicia una carpeta de investigación en el 7,6% de los casos y de esas carpetas de investigación en el 44.5% de ellas no pasa nada, es claro que el Poder Judicial tiene mucho trabajo por hacer pero no como el enemigo del Poder Ejecutivo y sus secretarías, sino como uno de los poderes del Estado mexicano encargados de procurar seguridad y justicia a la ciudadanía.

En política criminal, el trabajo conjunto entre autoridades es fundamental para lograr disminuir la incidencia delictiva y la violencia, por lo que los discursos bélicos que fomenten la enemistad entre las instituciones de seguridad y justicia no es el mejor camino a tomar ante la realidad mexicana, en donde el 68.2% de la población considera que el principal problema del país es la inseguridad, de acuerdo con la ENVIPE.

Para concluir, me parece importante leer el texto de Lilian Chapa sobre La lógica rota en la discusión sobre seguridad pública en el que se detallan algunas cuestiones por las que los argumentos que le dan privilegio a las instituciones militares en la agenda de seguridad pública, parecen estar huecos de fondo. La discusión, insisto nuevamente, no sólo debe estar centrada en «la Policía que necesitamos» como refiere Lilian Chapa, sino también en las instituciones armadas que necesitamos para lograr consolidar una cultura de derechos humanos y un sistema democrático (a reserva de encontrar uno mejor en el camino).

Fuente de la imagen: https://www.unomasuno.com.mx/declara-rafael-ojeda-que-parece-ser-que-el-enemigo-lo-tenemos-en-el-poder-judicial/