Vivir condenando actos

Esta semana, el 27 de abril de 2022, se dio a conocer que un agente de la Guardia Nacional había privado arbitrariamente de la vida a un estudiante en el municipio de Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con el comunicado oficial de la Guardia Nacional, los hechos ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal y el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de Hidrocarburo, cuando integrantes de la institución realizaban «reconocimientos disuasivos» sobre el ducto de PEMX «Salamanca-León», ubicado en el municipio de Irapuato.

La narrativa, como bien apunta Sergio Padilla en un hilo de twitter sugiere que las personas afectadas eran posibles delincuentes dedicadas al robo de hidrocarburos, nada nuevo respecto al cómo las instituciones de seguridad de este país manejan el control de daños, asumiendo que las víctimas de su actuación son criminales que de una u otra forma se buscaron lo que sucedió; y, por otro lado, el comunicado sugiere que la culpabilidad de los hechos recae 100% en el agente que accionó el arma de fuego y no en la política institucional o en aspectos sistémicos.

Ambas cuestiones, la de criminalizar y la de atender casos de violaciones graves a derechos humanos como hechos individuales y aislados, son parte de uno de los grandes problemas de la Fuerza Pública en México: la ausencia de responsabilidad institucional ante la actuación de sus integrantes.

En muchas ocasiones, la salida fácil de las instituciones de seguridad ante actuaciones arbitrarias de sus integrantes es suspenderles del cargo, iniciar un proceso de sanción desde las unidades de Asuntos Internos o los Consejos de Honor y Justicia, aplicar una sanción al agente, que generalmente consiste en la separación del cargo, y continuar con la vida institucional como si nada hubiera ocurrido, porque el agente «extraño» ha sido retirado.

Sin embargo, pocas veces, hemos tenido conocimiento público de que este tipo de casos involucren revisiones serias a la doctrina, capacitación, al entrenamiento, equipamiento y al sistema de sanciones de la institución a partir de análisis específicos de la actuación de los agentes en casos específicos, pero también en todo su conjunto, para incentivar cambios en la actuación policial o militar, según sea el caso.

La Guardia Nacional es una institución de seguridad nueva en el nombre pero no del todo en su estructura y operación. Las Fuerzas Armadas llevan ya 15 años o más realizando labores de seguridad pública, el pretexto no puede seguir siendo que están preparados para la guerra y que por lo tanto son más violentos ¿o entonces en qué les capacitan después de tantas recomendaciones de la CNDH y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estar en seguridad pública?. El personal de Guardia Nacional que estaba adscrito a la extinta Policía Federal contaba con los mejores estándares del país en capacitación y doctrina respecto al Uso de la Fuerza como facultad y, además, algunas divisiones habían implementado la metodología de lecciones aprendidas para analizar operaciones relevantes y evitar cometer errores tácticos o violaciones graves a derechos humanos.

Y parece que la pregunta que Daniela Rea y Pablo Ferri se hicieron en «La Tropa» sigue vigente ¿por qué mata un soldado? aunado a ¿para qué mata un soldado? ¿Cuáles son los incentivos que tiene el personal de la Guardia Nacional para privar arbitrariamente de la vida a una persona? En caso de resultar que no fue un acto arbitrario ¿qué mecanismos tiene la Guardia Nacional para transparentar sus acciones y rendir cuentas por ellas? ¿En dónde está su informe público sobre Uso de la Fuerza de los años anteriores conforme la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza? ¿A estas alturas este hecho ya es culpa de el mal diseño de una Ley que debería acotar mejor las facultades de la Fuerza Pública?

La militarización de la seguridad pública en su sentido más amplio, sigue dejando a su paso muertes, violencia tanto fuera como dentro de las instituciones de seguridad, sigue siendo permisiva ante abusos de autoridad dentro y fuera de las instituciones de seguridad, y sigue presentando evidencia empírica de que la solución parece no ser un despliegue de personal armado en todos los contextos.

Como cada vez que lamentablemente ocurren hechos como estos, se hace presente la urgencia de refundar a la Fuerza Pública del Estado mexicano, dandole mas peso a las características democráticas que a las características autoritarias y violentas.

Por cierto, un día antes de estos hechos asesinaron a un comandante de la Policía Municipal de Irapuato quién se dirigía a su casa luego de terminar su turno. Noticia que pasó de largo en muchos medios de comunicación. Sin embargo, es una muestra enorme de las deficiencias de las instituciones de seguridad tanto para asegurar que sus integrantes realizan su trabajo conforme los estándares de profesionalización que se requieren en un sistema democrático, como para protegerles de actos de agresión que pueden privarlos de la vida y de los cuales son víctimas por ser policías ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Guanajuato ante estos hechos? ¿Todos los policías asesinados en México son parte del crimen organizado (criminalización)? o ¿debemos asumir que el riesgo de morir asesinado es «normal» en las y los policías por su labor? o nos ponemos a pensar e implementar que hace falta para garantizar la integridad personal de los agentes de seguridad.

Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo ante este panorama ¿qué cambiarías? A veces parece que solo se puede vivir condenando actos.

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