Desde el sexenio de Felipe Calderón y el inicio de lo que se ha conocido como la “guerra contra el narcotráfico”, la discusión pública respecto al rol de las fuerzas armadas se ha centrado en la militarización de la seguridad pública como un problema que ha generado graves violaciones a derechos humanos, particularmente al derecho a la vida, a la dignidad y a la libertad de las personas. Sin embargo, poco se ha hablado del fenómeno inversamente proporcional al hecho de que los gobiernos empleen como eje central a las fuerzas armadas en su estrategia para preservar la seguridad pública en su territorio, este es, la policiación de las fuerzas armadas.
La militarización de la seguridad pública en México se ha entendido como el hecho de que las fuerzas armadas, ejército y marina, lleven a cabo, ya sea a nivel de apoyo o sustitución, las actividades que le corresponderían a las policías para “combatir” a los grupos delincuenciales del país. Al respecto, existen dos vertientes de la militarización: “el control sobre la seguridad pública que han ido ganando las Fuerzas Armadas y la adopción intensiva de lógicas, estrategias, personal y tecnología militar por parte de las dependencias públicas de seguridad”[1].
De 2006 a la fecha, las fuerzas armadas han aumentado su participación en tareas de seguridad pública al grado que, sus principales reglas de operaciones, tienen como base el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, que establece los límites en el uso de la fuerza en operaciones de seguridad pública basado en un marco distinto el del Derecho Internacional Humanitario, que es el que rige las operaciones militares en conflictos armados.
De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las misiones de estas instituciones son las siguientes: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas. En el caso de la Armada de México, su Ley Orgánica establece que: su misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.
Se puede observar entonces que, la seguridad interior, no es ajena a las atribuciones de dichas instituciones, pero, sobre todo, que sus principales funciones están encaminadas, como en casi todos los ejércitos del mundo, a la defensa exterior del país y la protección de nuestro territorio y soberanía ante amenazas extranjeras. Lo anterior le ha proporcionado, no sólo a las fuerzas armadas de este país sino a los ejércitos en el mundo, una identidad que se había mantenido por largo tiempo y que está relacionada, para bien o para mal, con uno de los argumentos por el que los gobiernos emplean a los ejércitos en tareas de seguridad pública: profesionalismo, disciplina, espíritu de cuerpo, movilidad, polivalencia y sistema de armas[2].
Sin embargo, esta participación cada vez más activa de los militares en tareas de seguridad pública ha propiciado la “policiación” de las fuerzas armadas. La policiación es “el proceso por el cual las fuerzas militares y en especial el Ejército, aun manteniendo su naturaleza militar, se aproximan al cumplimiento de funciones y tareas propias de la policía”[3]casi como tarea primordial. Aunque se considera que en México se vive un fenómeno de militarización de la seguridad pública, lo cierto es que, bajo la línea que pretende manejar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, estaríamos ante una total policiación de las fuerzas armadas.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014, presentado por AMLO y los que conformarán su gabinete de seguridad, plantea la creación de una Guardia Nacional a partir de los elementos de la Policía Militar, Naval y Policía Federal. En el punto 8 del Plan, se establece primeramente, que se debe repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas en donde “Sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial, la preservación de soberanía nacional, y la asistencia a la población en casos de desastre, es imperativo que nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de paz, principalmente en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”[4]
La Guardia Nacional, de acuerdo con el Plan, requiere la modificación del artículo 76 constitucional para que esta se convierta en el “instrumento primordial del Ejecutivo Federal en: la prevención del delito; la preservación de la seguridad pública; y el combate a la delincuencia en todo el país (…) La Guardia Nacional quedará pues, expresamente encargada de combatir y prevenir los delitos en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”[5].
Lo anterior, no sólo implica continuar con una estrategia de militarización de la seguridad pública, sino también, la aceleración del fenómeno de policiación de las fuerzas armadas, toda vez que, sus funciones primordiales pasarían a ser aquellas que en un principio están encomendadas a las fuerzas de seguridad del país, como lo es, la detención de presuntos infractores de la ley y el mantenimiento del orden público. Actualmente, quienes tienen esa misión dentro del Ejército son los miembros de la Policía Militar, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasaron de ser únicamente 3 Brigadas a 12, la última de ellas inaugurada en julio de 2018[6], y la Policía Naval en la Armada, que en gran medida son quienes se han encargado de la seguridad pública en Veracruz.
En 2014, la SEDENA, creo la opción para que los cadetes egresados del Heroico Colegio Militar optaran por la especialidad de Policía Militar, la primera generación se gradúa en este 2018 y con estos cambios, la Policía Militar busca reestructurarse para tener una actuación mas adecuada a la función policial, mediante capacitaciones y entrenamiento en el uso diferenciado de la fuerza y armas menos letales. Pero todo este proceso no abona mucho a la construcción de seguridad pública, y mucho menos de seguridad ciudadana, pues las instituciones civiles no han logrado fortalecerse, y con el Plan de AMLO, quedan en segundo plano.
Por otro lado, en la propuesta legislativa para constituir lo que será la próxima Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se establece que la seguridad pública es un componente de la seguridad nacional y que la mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública, por lo que no se puede separar a la seguridad nacional de la seguridad pública, entendiendo a la seguridad nacional como la existencia y funcionamiento normales del Estado y sus instituciones y la preservación de la integridad del territorio nacional.
Esta forma de entender los diferentes tipos de seguridad atribuibles al Estado, al grado de confundirlos, aunado a la idea de la Guardia Nacional que mezcla a militares y policías, reforzado con las dinámicas actuales en las que las fuerzas armadas tienen cada vez más presencia en el escenario de la seguridad pública, representan un reto para las propias fuerzas armadas respecto a: conservar su identidad tradicional y enfocarse en una preparación continua para cumplir con sus misiones primordiales ante el escenario geopolítico en el que México se encuentra, o repensarse y evolucionar a lo que el próximo poder político considera adecuado para reducir la criminalidad y la violencia.
Tenemos ante nosotros un campo de análisis poco explorado, que enriquece la discusión sobre la militarización de la seguridad pública en México. Mucho, aunque no lo suficiente, se habla sobre qué modelo de policía necesitamos, pero poco nos hemos detenido a reflexionar sobre ¿qué modelo de fuerzas armadas necesitamos ante el contexto nacional e internacional en el que se encuentra México? Tenemos poco tiempo para definir la respuesta.
[1]Morales Rosas, S., Pérez Ricart, C. (2015) “La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México”, Revista Colombiana de Sociología, 38, p. 87
[2]Moloeznik, M. (2018), “Presentación: Hacía una interpretación del proceso de militarización de la seguridad pública en América Latina, Contextualizaciones Latinoamericanas, 19, pág.2, disponible en: http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/PresentaciónHaciaunainterpretacióndelprocesodemilitarizacióndelaseguridadpúblicaenAméricaLatina_19.pdf
[3]Jiménez, W., Turizo, J., (2011) “Militarización de la Policía y Policiación de las Fuerzas Militares. Revisión del fenómeno a nivel internacional y nacional”, Revista Logos Ciencia y Tecnología, 3, p. 113.
[4]Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, p.14.
[5]Ibíd., p. 15
[6]Presidencia de la República (9 de julio de 2018), Blog, Inauguración de la 12ª Brigada de Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar, disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/inauguracion-de-la-12-brigada-de-policia-militar-y-su-unidad-habitacional-militar
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