LA GUARDIA NACIONAL Y LA POSVERDAD DE LA SEGURIDAD

En 2017, la palabra «posverdad» fue catalogada como la palabra del año por el diccionario de Oxford, que la define como «fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y las creencias personales».

Y parece ser, que con las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mediante las cuales ha expresado su intención de buscar una reforma constitucional en 2023 que permita pasar a la Guardia Nacional al mando de la SEDENA, la posverdad se hace presente en el ámbito de la seguridad.

A pesar de la reiterada evidencia, que se puede observar en los informes de incidencia delictiva desde hace más de una década, y que muestran que la estrategia militarizada de seguridad, tanto directa como indirecta, no ha dado resultados, el actual gobierno de México sigue apostando por la centralización, el uso de la fuerza letal y la maximización de los atributos militares para supuestamente reducir la criminalidad y la violencia en el país.

Desde el inicio de las discusiones para la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, tanto el presidente, como el entonces secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo, y las y los diputados y senadores de MORENA, reiteraron que la Guardia Nacional, a pesar de aglutinar en ella a más personal militar que civil, a pesar de colocar como comandante de la misma a un militar en proceso de retiro, a pesar de arrastrar todos los vicios militarizados de la extinta Policía Federal a esa «nueva» institución, sería «civil».

Y es que el texto constitucional con sus vicios y salvedades, sí establece que la Guardia Nacional, como institución de seguridad pública era de carácter civil, disciplinado y profesional y refiere a la Guardia Nacional como la institución policial de carácter civil de la Federación. Por ello, trasladar a la Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada permanente, dejaría a la Federación sin opciones civiles para resolver los problemas de seguridad. Aunque realmente, queda la duda, si alguna vez las tuvimos.

Durante el proceso de discusión, muchas organizaciones de sociedad civil y especialistas, hacían énfasis en la necesidad de no echar para atrás los trabajos realizados para conformar a la Policía Federal, pero las desgastadas figuras de Felipe Calderón y Genaro García Luna, pesaron más que el trabajo de miles de personas dentro de la institución para lograr consolidar una Policía profesional en el ámbito federal (claramente, la Policía Federal no estuvo exenta de dinámicas militarizadas y de violaciones graves a derechos humanos) y se dijo que la Guardia Nacional sustituiría esas aspiraciones, sin haber puesto sobre la mesa que lo mejor hubiera sido transformar a esa Policía en una institución permanente del Estado, con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajos de institucionalización. Ahora, se pretende otorgar el carácter permanente a la Guardia Nacional al trasladarla al Ejército mexicano.

Cuando el presidente refiere que el objetivo de mover a la Guardia Nacional a SEDENA es que no se haga lo mismo de siempre, y se desmantele nuevamente el proyecto gubernamental de seguridad, asume su culpa con los proyectos previos y asume, lo que el propio Alfonso Durazo ha mencionado: que «no hay persona civil que pueda comandar a una institución conformada en su mayoría por militares» ¿y a caso no lo sabían desde el inicio del proceso que ellos mismos impulsaron? ¿Aceptan, entonces, que no hay controles civiles efectivos hacia las instituciones militares y su personal? ¿Qué garantías quedarán de que las autoridades militares van a respetar una línea civil en la implementación de una estrategia de seguridad? ¿Para cuando enserio la reforma a la fuerza armada permanente?

Hay una necedad por justificar la estrategia militarizada de seguridad – la Guardia Nacional y la iniciativa de trasladarla a la SEDENA, el Acuerdo para emplear a las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, las dinámicas de actuación dentro de las instituciones policiales y el discurso permanente de guerra – convirtiéndola en el elefante en la sala. Los mas extremos incluso niegan que exista militarización utilizando definiciones someras y obsoletas, o haciendo referencia a la disminución en el gasto de defensa por parte del Estado mexicano – y pues claro, se gasta y se invierte menos en defensa porque la apuesta no esta ahí – o hablando de lo pequeño que es el Ejército mexicano en comparación con los ejércitos de las grandes potencias. Y parece entonces que la deferencia hacia los militares, no solo viene desde las autoridades, sino también desde académicos, analistas y la sociedad en general, esta última manteniendo los niveles de aprobación de las instituciones militares como los mas altos.

Y lo anterior ¿qué nos dice de nuestra democracia? ¿qué nos dice de nuestro compromiso social con el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas? ¿qué nos dice sobre la desigualdad social y sobre el patriarcado y la masculinidad hegemónica? ¿Ante qué estamos?

Ya no pueden negar, que la vía militar es la elegida del gobierno federal – por deferencia, por coacción o por preferencia – y ya no pueden negar que las instituciones civiles – en donde están incluidos los poderes legislativo y judicial – no han sabido establecer controles efectivos hacia las instituciones militares – por pereza, por miedo o por ambas cosas – y que en lugar de apostar por cambios reales, están apostando por transformaciones que son como agregar más sal a la sopa salada para componerla.

Bienvenidos, por si no se habían percatado, a la posverdad de la seguridad.